La brecha invisible
Introducción
Frente a la digitalización de la vida diaria, las diferencias en el acceso y calidad de los servicios de telecomunicación, principalmente de internet, posicionan a la ruralidad como un territorio desigual. A diferencia de las áreas urbanas, aquí se evidencia menor cobertura, de peor calidad y con mayor costo relativo. Pero también son estos territorios donde el Estado y los privados realizan menores inversiones. Estas desigualdades, lejos de ser homogéneas, presentan variaciones vinculadas a la realidad propia de cada región, su relevancia en los mercados productivos y sus densidades demográficas.
La conectividad como dimensión del hábitat
El acceso a internet en el medio rural constituye la posibilidad de que las comunidades puedan participar de procesos culturales amplios, de reconocimiento de la identidad, acercamiento del Estado y sus instituciones, la participación en la discusión pública, el consumo cultural, entre otras muchas posibilidades inseparables de la construcción de ciudadanía. Pero sobre todo, la conectividad de calidad brinda herramientas y condiciones para que la ruralidad pueda seguir siendo habitada. Recientemente, Segura Carzola y Morales, ambos investigadores del INTA, han publicado un trabajo sobre conectividad en nuestro país. Construido principalmente con datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda, los investigadores afirman que, a nivel nacional, el 76,4% de los hogares tienen internet, mientras que el 89,2% posee por lo menos un teléfono celular con conexión a la red. Frente a este dato y según los autores, debemos considerar que no solo se trata de acceder a un servicio de internet: la calidad de una conexión que puede brindar un teléfono en nuestro país es de menor calidad que la que se provee directamente a los domicilios, debido a que las redes móviles aún no permiten realizar diversas tareas que requieren el nivel necesario de estabilidad y ancho de banda. A esta cuestión se suma que en promedio, en el 25% de los hogares argentinos no hay computadoras ni tablets, equipamiento mínimo para realizar una serie importante de tareas digitales, como trámites, educación, consultas médicas, entre otras. Aunque estos niveles de cobertura a nivel nacional superan la media regional informada por CEPAL, como veremos más adelante, la penetración de estos servicios se da de forma dispar según provincias, generando grandes brechas territoriales. Estas diferencias se materializan en las brechas que se analizan a continuación.
Radiografía de la conectividad rural en Argentina
La primera gran brecha en la que nos interesa indagar es en el acceso a la conectividad en ámbitos rurales y urbanos. Según los datos del Censo 2022, el 78,6% de los hogares urbanos a nivel nacional poseen internet en sus viviendas. Este número sube al 90,2%, si se considera la conectividad a través de teléfonos celulares. Sin embargo, la conectividad domiciliaria cae fuertemente en el medio rural, llegando al 56,8% de la población agrupada (pequeñas localidades, pueblos y parajes) y a solo el 36,5% de la población que habita de forma dispersa. La conectividad por medio de teléfono celular, también es menor, cubriendo al 80,6% de la población agrupada y a solo el 70,3% de la población dispersa.
A nivel provincial se presentan grandes diferencias: nominalmente las brechas urbano-rurales de conexión domiciliaria superan y en varios casos duplican a las de las conexiones a través de móviles. Las brechas más bajas se presentan principalmente en provincias como Santa Cruz (8,16% celulares y 6,58% domiciliaria) y La Pampa (9,30% celulares y 14,16% domiciliaria). En el otro extremo, Formosa (27,53% celulares y 38,87% domiciliaria) y Salta (30,11% celulares y 42,04% domiciliaria) presentan brechas importantes.
De esta forma, encontramos fuertes diferencias entre regiones. Las provincias patagónicas y pampeanas, tanto en conexiones domiciliarias como móviles, presentan porcentajes de cobertura similares o por encima del promedio nacional. Por el otro lado, varias provincias del NEA y NOA sobresalen por las bajas coberturas, incluso en aquellas que históricamente presentan altos porcentajes de población rural. Entre los casos más relevantes nos interesa detenernos en el alcance de las conexiones domiciliarias en la ruralidad de Santiago del Estero, donde solo el 22,67% de los hogares en los pueblos rurales tienen internet en su domicilio. El número baja a la mitad, 11,26%, si observamos la ruralidad dispersa, implicando que poco más de 1 de cada 10 hogares tienen internet provisto directamente a su vivienda.
Según datos del Banco Mundial, en Argentina para el año 2024, ya existían 140 celulares cada 100 habitantes[1]. Sin embargo, como hemos visto, no todos los hogares acceden a uno de estos artefactos y mucho menos los que se encuentran en el medio rural. A esto debemos sumarle que la presencia de estos dispositivos en los hogares tampoco garantiza que quienes allí habitan puedan tener una conexión estable, constante y con suficiente ancho de banda. Asimismo, los teléfonos celulares son dispositivos que se caracterizan por su uso individual, lo que limita su utilidad dentro de los hogares. Sin embargo, estos artefactos se vuelven fundamentales en una ruralidad donde no hay computadoras.
Si observamos la presencia en los hogares de computadoras y tablets según el Censo 2022, el porcentaje es contundente. Mientras que en el 58,9% de los hogares urbanos del país poseen alguno de estos dispositivos, en la ruralidad agrupada el porcentaje baja cerca de 20 puntos, ubicándose en 39,7%. Más grande es la brecha si observamos la ruralidad dispersa a nivel nacional: entre quienes viven en los campos, solo el 25,9% accede a una computadora o tablet en el propio hogar. La brecha en este caso asciende a los 33 puntos de diferencia. Esta situación se profundiza en provincias como Santiago del Estero y Formosa, donde solo el 21,9% de los hogares de las localidades rurales y el 11,9% de los que se encuentran de forma dispersa en los campos, poseen una computadora o tablet en su vivienda.
Como plantea el Informe elaborado por UNESCO y la Universidad de San Andrés, el panorama sigue siendo mixto: en las principales ciudades la conectividad y el acceso a dispositivos es adecuado; mientras que en las zonas remotas, la calidad del servicio y la cobertura son insuficientes y desiguales. La conectividad no es equitativa, lo que deja a las comunidades rurales lejos de los beneficios de la digitalización, impactando en cómo acceden a servicios, salud, educación, trabajo y esparcimiento. Pero sobre todo, la falta de conectividad de calidad juega un rol fundamental en la decisión de permanecer en la ruralidad o migrar hacia las ciudades.
Estado y nuevos jugadores
A pesar de todo, en nuestro país han existido políticas que buscaron mejorar estos indicadores. El Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”, impulsado durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, la Agenda Digital 2030, formulada durante la gestión de Mauricio Macri, y el Plan Conectar, implementado en el período de Alberto Fernández, establecieron un conjunto de estrategias orientadas, en mayor o menor medida, a la transformación digital, la reducción de la brecha y la expansión de infraestructura de conectividad en el territorio nacional, con una mirada federal y de arraigo.
El Plan Argentina Conectada fue la primera política integral de conectividad a escala nacional, con fuerte protagonismo estatal. Su eje principal fue el desarrollo de infraestructura mediante el tendido de la Red Federal de Fibra Óptica de más de 30.000 km de fibra óptica, impulsada por ARSAT. La Agenda Digital 2030, sobre la infraestructura ya ejecutada incorporó inversiones privadas junto con políticas de inclusión digital y modernización del Estado. Esta agenda incluyó también la ampliación de la cobertura de 4g para llegar al 93% de las localidades y rutas. Por último, el Plan Conectar, retomó el enfoque infraestructural, combinando fibra óptica y conectividad satelital. En este periodo se produjo el lanzamiento del satélite ARSAT-SG1, con el objetivo de alcanzar 200.000 hogares rurales con servicios de banda ancha. A lo largo de estas gestiones se creó una red pública con el fin de llegar con conectividad principalmente a todas aquellas regiones que quedaban excluidas por los mercados.
Sin embargo, todas estas políticas fueron descontinuadas o desfinanciadas desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Asimismo, su gestión promovió la desregulación de los servicios de internet satelital, con la modificación de la Ley Argentina Digital (Ley 27.078), que entre otras cuestiones buscaba garantizar la conectividad equitativa en todo el país. De esta forma se liberó la provisión de facilidades satelitales, permitiendo así la competencia de empresas extranjeras como Amazon, One Web y Starlink. Esta última, propiedad del multimillonario Elon Musk, tuvo una fuerte avanzada en el medio rural, ya que se trata de un servicio estable en regiones remotas o de difícil acceso. El sistema no requiere grandes infraestructuras en el territorio, sino que el principal recurso con el que cuenta es la constelación de cerca de 7.000 satélites que facilitan la conexión de antenas locales. Para el 2024, según la revista Forbes, Starlink llevaba vendidas más de 15.000 antenas en todo el país, todavía lejos de cubrir el déficit de 560.000 hogares que no poseen internet en su vivienda en zonas rurales. Asimismo, por su costo Starlink no llega a los hogares rurales de bajos recursos. Por el contrario, sus principales consumidores son empresas y productores rurales; habitantes de zonas de alta demanda como el área metropolitana de Buenos Aires, Córdoba y la zona de Vaca Muerta, que hoy se encuentran saturadas o con servicios de baja calidad. En estas zonas urbanas, contrario a lo pensado inicialmente, el servicio ha tenido una fuerte adopción, llegando incluso al bloqueo temporal de nuevas altas.
Por otro lado, en el contexto de la entrada al mercado nacional de grandes jugadores transnacionales, sobresale un dato de la economía social y solidaria. Según un informe de la Fundación COLSECOR, en localidades rurales donde el servicio de internet por fibra óptica es prestado por cooperativas locales, la cobertura hacia los domicilios aumenta al 69%, muy por arriba de la media nacional (43,2%). Asimismo, se destaca el rol que cumplen las cooperativas para garantizar el crecimiento de las redes de fibra óptica en localidades rurales.
Reflexiones finales
A lo largo de este informe hemos podido confirmar que no existe una única brecha de conectividad entre el medio rural y el urbano. Por un lado hemos identificado la brecha de acceso, donde se evidencia que en el medio rural, el porcentaje de hogares que no acceden a la conectividad es mayor que en las ciudades. Pero también encontramos diferencias respecto a la calidad del acceso, distinguiendo el tipo de conexión -móvil o domiciliaria- o la posibilidad de acceder a un dispositivo para conectarse y realizar actividades complejas. Aquí vemos nuevamente la misma realidad: la ruralidad accede a la conectividad con peor calidad, principalmente desde teléfonos móviles y sin otros dispositivos ni conexiones hogareñas. Pero las diferencias no se quedan allí. La realidad de las provincias es diversa, con la región patagónica presentando índices por sobre la media nacional, mientras que las del norte, las que mayor población rural presentan, tienen a gran parte de su población por fuera de la red. De esta forma, la brecha de conectividad que presenta el medio rural respecto al urbano constituye un factor estructural que condiciona el acceso a derechos como también configura condiciones que refuerzan procesos de despoblamiento y limitan la llegada de nuevos habitantes.
En este contexto, el rol de las políticas públicas es clave y por esta razón, durante más de una década la conectividad se volvió política de Estado. Sin embargo, en el actual contexto de desregulación y retracción estatal, emergen nuevos actores como Starlink y otros no tan nuevos como las cooperativas, que terminan ocupando los espacios que el Estado ha dejado vacíos. Sin embargo, la oferta de internet satelital de Starlink queda totalmente limitada a unos pocos consumidores, gran parte de ellos urbanos, con capacidad de pagar el servicio, limitando su impacto en la reducción de la brecha de conectividad. Desde otra perspectiva, los actores de la economía social y solidaria entienden que más que un producto, la provisión de internet se trata de un servicio de alta relevancia social, fundamental para el arraigo y crecimiento de sus propias comunidades. En este sentido, no todos los modelos de provisión contribuyen de igual forma, siendo fundamentales aquellos que priorizan la conectividad como un acceso a derechos por sobre el negocio y el lucro.
En este escenario, la conectividad deja de ser una cuestión meramente técnica para consolidarse como una infraestructura crítica para la vida en el territorio. Avanzar en esquemas que garanticen conectividad de calidad, accesible, asequible y con anclaje territorial, no solo reducirá las brechas existentes, sino que se constituye como uno de los pilares fundamentales para sostener población, promover el arraigo y construir un desarrollo equilibrado entre el medio rural y el urbano.
[1] Según este mismo informe, en 2013 se llegó al pico máximo de 158 suscripciones a telefonía celular móvil, por cada 100 personas. Las 140 suscripciones registradas en el 2024, superan las 117 de promedio que presenta América Latina y el Caribe.
