Los pronósticos climáticos para la segunda parte de este año, para gran parte del país no son muy alentadores. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que existe un 60% de probabilidades sobre un efecto de El Niño en invierno y primavera[1]. De darse esta situación, es esperable que se dé un aumento de precipitaciones, frecuencia y violencia. ¿Nuestras ciudades están preparadas? Por lo pronto, tenemos mucho que aprender sobre la forma en que se gestiona el riesgo hídrico.
Empecemos por recordar que un evento natural se convierte en catástrofe cuando afecta a la sociedad. Aunque resulte obvio, esta distinción entre evento natural y catástrofe no suele integrarse en la gestión urbana ni en la acción política. Tal es así que varios organismos internacionales y académicos, hacen foco en la definición de desastre para volver a llamar la atención sobre el punto[2].
El riesgo es una construcción histórica. Las urbanizaciones se asientan en lugares, no siempre los más aptos, que modifican las condiciones naturales y a la vez son afectadas por esos procesos. Decimos esto porque parece que las ciudades están asentadas en lugares ideales y el cambio climático quebró esa situación de armonía[3]. Muy por el contrario, y entendiendo que hay fenómenos que pueden ser muy variables, estas áreas cuentan con una gran cantidad de experiencia en inundaciones y en situaciones de vulnerabilidad.
Las lluvias del año pasado sobre Bahía Blanca y alrededores volvieron a poner en debate la cuestión hídrica y la relación entre la sociedad que va construyendo ciudades y la naturaleza. Las zonas sur y central de la ciudad fueron las más afectadas, en gran medida por su escasa pendiente y la presencia de infraestructura ferroviaria y vial que dificulta y ralentiza el escurrimiento del agua. Los efectos fueron de gran magnitud, se registraron varias víctimas fatales, más de 1.000 personas fueron evacuadas, gran parte de la ciudad resultó bajo el agua afectando diversas infraestructuras y un hospital debió ser trasladado[4].
Diversos estudios e informes habían advertido sobre la creciente vulnerabilidad de Bahía Blanca ante eventos de lluvias intensas. Un informe del CONICET de 2012 ya señalaba la ubicación geográfica de la ciudad, en la cuenca baja del canal Maldonado y el arroyo Napostá, como un factor de riesgo importante, donde el agua tiende a acumularse rápidamente. Este estudio también destacaba la falta de una planificación urbana adecuada y la expansión de áreas impermeables que dificultaban el drenaje natural. Además de este informe del CONICET, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) también emitió advertencias en 2019 sobre la posibilidad de una inundación catastrófica si no se realizaban obras de infraestructura necesarias, específicamente la ampliación del Canal Maldonado y trabajos en el arroyo Napostá[5]. Uno de estos estudios contabilizó 198 episodios de anegamiento en las últimas dos décadas. Dentro de los factores clave se encuentran las canalizaciones en las zonas altas del norte de la ciudad, el intenso uso de pozos de extracción de agua[6], y la propia urbanización que impermeabilizó la zona norte. Las consecuencias se hicieron sentir en el centro y sur de la Ciudad. La falta de acción preventiva ante estas advertencias previas resultó en consecuencias devastadoras para la comunidad bahiense.
El volumen de precipitaciones fue el correspondiente a una recurrencia de 100 años, lo que significa que es poco frecuente, pero con dicha probabilidad. En este sentido, el evento demostró lo limitado del alcance de las antiguas obras hídricas (tradicionalmente canales y aliviadores subterráneos) en contextos de impermeabilización generalizada, a lo que se suman algunos aspectos de mantenimiento y reparaciones.
El gobierno provincial procedió a calificar el evento como de crisis absoluta, explicar que las obras hídricas no se hacen porque son muy caras, enumerar las obras futuras, y culpar al gobierno nacional por su postura sobre la obra pública y el cambio climático.
Las obras vienen después
¿Por qué parece que es tan difícil que estén hechas las obras necesarias para mitigar el riesgo de inundaciones? Resulta casi imposible recordar obras de infraestructura hídrica que no se hayan hecho luego de algún evento desastroso. En general, estas intervenciones han surgido como respuesta a una catástrofe previa, a menudo precedida por varios episodios de inundación, siendo la más reciente la que finalmente impulsa la acción[7].
En un país que tiene una deuda gigantesca en materia de infraestructura, en períodos en los que no hay eventos, las prioridades de inversión tienden a enfocarse en otras necesidades, relegando los proyectos relacionados con la gestión hídrica a un segundo plano. En segundo lugar, muchos gobernantes ven a este tipo de obras como derroche de recursos para algo que la población no está reclamando (o prefieren creer eso).
Sin embargo, la experiencia internacional acumulada, demuestra que la inversión urbana permite ahorrar muchos más recursos en la situación de emergencia. Planificar y prever, en el largo plazo resulta mas eficiente y más justo que actuar por reflejo.
El otro punto clave, es que no solo estamos hablando de obras, cañerías, sistemas de bombeo, reservorios, infraestructura verde, desagües y diques. Estas obras son importantes y necesarias porque ayudan a disminuir la exposición. Pero antes de ello, hay mucho por hacer en términos de planificación del crecimiento de las ciudades, para evitar ampliar las zonas de impacto, disminuir la superficie impermeable, lograr un desarrollo acorde con el medio físico existente. Y por otro lado, todo lo que se debe hacer para evitar que la sociedad esté en condiciones de vulnerabilidad, es decir, contar con un asentamiento formal, con infraestructura y seguridad, contar con educación y preparación, alertas, instituciones, comunicación transparente y fluida. Con esto referimos a todo aquello que se puede hacer para evitar los problemas desde su raíz.
Aunque el marco federal argentino define la competencia sobre los recursos hídricos, al momento de la financiación de las obras hídricas específicamente, se observa una tendencia de los gobiernos locales a solicitar el apoyo financiero del Estado Nacional. De acuerdo con la Constitución Nacional (Art. 124), el agua en tanto recurso natural, corresponde a la jurisdicción provincial, por lo que cabe esperar que estas cuenten con planes, proyectos y financiamiento acorde. El reclamo de fondos nacionales suele ser potenciado en contextos de emergencia, lo cual, si bien tiene sentido en términos de gestión multinivel, muchas veces se corresponde con una lógica de oportunismo, lo que nos lleva al siguiente punto.
La política de la emergencia
Ante una emergencia, la escena política resulta conocida, y dura poco: funcionarios recorriendo zonas afectadas, anuncios de asistencia, despliegue de maquinaria, centros de evacuación y explicaciones sobre la magnitud extraordinaria del fenómeno ocurrido. La prioridad inmediata de atender a quienes sufrieron pérdidas, es indispensable. Ciertamente, pero el problema persiste cuando no se aprende de ello y la gestión pública queda atrapada en la lógica y retórica de la emergencia.
La narrativa suele ser parecida. La sorpresa frente al evento, la apelación a la excepcionalidad climática o natural, la descripción de una fuerza de la naturaleza imposible de controlar y, en algunos casos, la atribución de responsabilidades a gestiones anteriores o a terceros actores. La emergencia aparece como un episodio aislado, extraordinario e inevitable. Sin embargo, sabemos que los desastres urbanos se construyen lentamente durante años. Las catástrofes ponen de manifiesto todo lo que no se hace mientras el ciclo del peligro da descanso. Lo que no se hizo durante años reaparece concentrado en pocos días. Existe además un incentivo peor. La emergencia tiene visibilidad pública inmediata y son contextos de escaso control y transparencia sobre el uso de los recursos. Esta modalidad política tiene un efecto muy nocivo, porque desincentiva la planificación de largo plazo. La urgencia permanente desplaza la prevención. El día a día reemplaza la construcción de capacidades institucionales y la excepción se vuelve rutina.
La gestión del riesgo plantea una lógica diferente, en vez de focalizarse en cómo responder cuando ocurre la catástrofe, busca identificar cuáles son las decisiones urbanas, institucionales y políticas que pueden tomarse para reducir el impacto del próximo evento. Las amenazas existen, para cada ciudad, esto es un dato, lo que está demostrado que puede gestionarse es la magnitud del daño.
Comodoro Rivadavia y sus desastres recurrentes
La inundación que afectó a Comodoro Rivadavia en marzo y abril de 2017 dejó al descubierto significativas vulnerabilidades en la planificación y la infraestructura de la ciudad. Para ese entonces, Comodoro acumulaba décadas de expansión urbana desordenada[8], inadecuación normativa, crecimiento de barrios informales, y desaprensión por la planificación[9], por la consideración ambiental y por las alertas técnicas[10]. A eso se agregó una capa adicional dada por obras hídricas con fallas estructurales o inconclusas, y el mantenimiento de la red pluvial que no dio abasto.
Entre fines de marzo y principios de abril de 2017 se dieron importantes lluvias, que contaron con las alertas del SMN y actuaciones de protocolo de emergencia. Sin embargo, la acumulación de problemas previos impidió que la contención pudiera ser adecuada. El impacto fue mayúsculo, con 10.000 habitantes afectados, infraestructura dañada, y una huella imborrable en la memoria de los damnificados.
El municipio solicitó el apoyo del gobierno provincial y nacional, y se conformó un comité de emergencia y la mesa de reconstrucción para darle institucionalidad y trazabilidad a la distribución de responsabilidades[11]. Lamentablemente, la administración de recursos para la atención de la emergencia tuvo varios hechos opacos, de los cuales resultaron funcionarios provinciales y municipales condenados y otros aún en proceso judicial. En este contexto, quedaron a la luz las modalidades de reclamo de fondos nacionales sin respaldo que se repiten en situaciones de emergencia. La falta de garantías para la inversión, de transparencia en el registro de damnificados y beneficiarios, y demás irregularidades que daban cuenta de la precariedad administrativa preexistente, hicieron imposible el desembolso de varios fondos[12]. Al día de hoy muchos proyectos que se comprometieron en aquel momento, no tuvieron avance.
Una de las lecciones de gestión más importantes de esta catástrofe, fue la necesidad de considerar la emergencia como parte de un ciclo, y no como un suceso aislado, lo que implica identificar y ejecutar una serie de tareas mucho mas allá de la respuesta inmediata, que es donde suele concentrarse la actividad y la presión pública[13]. En este sentido, también cabe insistir en que en contexto de emergencia el reclamo es para realizar obras, sin embargo, sabemos que, si estas no se realizan en el marco de proyectos correctos y planes mas amplios, pueden generar nuevos problemas. Por eso, las tareas de planificación y proyectos deben ser acciones continuas, de modo que ante una emergencia, se cuente con ello. En la misma línea, se debe considerar la actualización de los mapas de riesgo, diagnósticos sobre vulnerabilidades, planes y protocolos de actuación, sistemas de alerta y monitoreo, y la capacitación de los equipos locales. Otro aspecto no menor es referido al mantenimiento y reparaciones de la infraestructura. No se trata solo que las obras estén, sino que funcionen correctamente cuando se necesita, y para ello sirve los planes sistemáticos de mantenimiento, y con control externo.
Una falencia crítica es la falta de orden y transparencia en la asignación de recursos y de ayuda. Un ejercicio poco habitual ante desastres es el registro adecuado de damnificados y catastro de daños, criterios de prioridad para la distribución de recursos, listado de beneficiarios, así como la rendición de cuentas de fondos entregados. En el caso del desastre de Comodoro Rivadavia en 2017, la falta de registros transparentes de beneficiarios fue un obstáculo serio para la entrega de viviendas. Lamentablemente, en muchas catástrofes se suceden historias de casos que recibieron recursos por demás, y por el otro, de damnificados que no llegaron a recibir ayuda: Colchones donados que terminaron en oferta semanas después, alimento para mascotas acaparado, hasta lotes y viviendas mal asignadas, suelen ser parte de las historias de emergencia.
Casi diez años después, la ciudad siguió sin un plan organizado que la guíe, sin una normativa urbanística actualizada, proyectos y obras inconclusas, mientras que, en paralelo, hubo barrios siguieron creciendo en zonas de riesgo, incluso con aval u omisión gubernamental. En este contexto, en enero de este año, se produjo un nuevo desastre en los barrios Sismográfica, Los Tilos y Marquesado asociado al deslizamiento del cerro Hermitte. Nuevamente, los estudios geológicos y alertas técnicas, habían indicado la peligrosidad de la zona, y la vulnerabilidad de los barrios era ampliamente conocida. En esta oportunidad, parecen haberse tomado nota de los aprendizajes anteriores, con el consejo deliberante volviendo a discutir sobre la planificación, y los gobiernos provinciales y locales encarando planes de urbanización, vivienda y relocalización ordenada de los afectados, y siguiendo las acciones para la zona que recomiendan los especialistas.
La recurrencia de los eventos, y ciertas modalidades de reacción política, dan cuenta que si no se trabaja sobre el origen de los problemas, éstos vuelven a manifestarse, siendo especialmente crueles con los sectores de más bajos ingresos.
Lamadrid (Tucumán), otra historia recurrente
La localidad de Lamadrid se encuentra en el sur de la provincia de Tucumán, emplazada en una zona de baja pendiente, que recibe cursos de agua que bajan desde Catamarca atravesando zonas fuertemente afectadas por desmontes. A esta situación se suman canalizaciones y desvíos de agua informales en la zona rural, y la construcción de rutas con cotas elevadas que actúan como diques.
En febrero de 2017 se produjo un desastre importante que tuvo casi 5000 afectados en la zona, sin embargo, ya se habían dado eventos similares en 1992, 2000, 2006, y 2015, con intensidad creciente. En aquel momento, el gobierno nacional puso fondos a disposición, que debían desembolsarse ante el plan y proyecto hídrico terminado por parte del gobierno provincial, las expropiaciones necesarias para realizar las obras, y la planificación general de la zona.
En 2026 ocurrió un evento similar, dando cuenta de la poca atención prestada. El tratamiento del desastre continuó siendo dentro de la lógica de la emergencia.
Ciudad de Buenos Aires
La capital del país no está exenta de riesgos hídricos, infraestructuras añejas, vulnerabilidades propias, y hechos trágicos. A sus condiciones naturales se suma el proceso de urbanización e impermeabilización de la propia ciudad y del conurbano que en gran parte aporta presión hídrica sobre territorio.
Las inundaciones en varios barrios de la ciudad, en especial cuando había sudestada, eran historia conocida hasta hace pocos años. Los entubamientos de los arroyos que tenía la ciudad fueron planificados a principios de siglo XX[14], en base a una expansión metropolitana muy inferior a la actual, dimensionando una necesidad que en cada tormenta demostraba su limitación, en especial en la cuenca del arroyo Maldonado. Entre 1929 y 1942 se entubaron los arroyos Maldonado, Vega y Medrano, y el Cildáñez se completó en 1962. Las obras para contener las inundaciones cerca del Riachuelo no resultaron exitosas hasta la década del `90[15].
Toda la planificación histórica de la Ciudad contempló las inundaciones como principal amenaza. La Constitución de la Ciudad (1996) y el Plan Urbano Ambiental (2008) además, solicitaron de manera directa la elaboración y ejecución de obras en el marco de un de un plan hidráulico integral. Como se puede advertir, una característica esencial de la gestión hídrica porteña es que primero se realizaron los planes, se formalizaba en leyes y luego se ejecutaron las obras. Esto fue una política de estado que se mantuvo a lo largo de todos los cambios de gobierno, teniendo su principal impulso de inversiones a partir de 2009. El resto de la planificación consideró este plan hidráulico como elemento sostenido, al cual le adicionaron aspectos como la infraestructura verde[16], y la incorporación en la normativa urbanística[17]. En el marco del plan hidráulico se realizaron obras clave como los principales aliviadores, reservorios, bombeos, así como sistemas de alerta y monitoreo. Un aspecto importante de esta planificación es que considera los escenarios de variabilidad climática, por lo que se ajusta de manera continua en base a nuevas evidencias[18].
Otro aspecto clave es el mantenimiento y la gestión preventiva a la infraestructura hídrica, que incluye sistemas de alertas hidrometeorológicas, monitoreo de cañerías, así como los protocolos de actuación en emergencias. Sin embargo, quedan acciones pendientes. Históricamente ha sido mínimo el avance en lograr regular las inundaciones a escala de gestión de las cuencas en acuerdo con los municipios vecinos. La gestión de residuos en los últimos años ha tenido inconvenientes en lograr liberar la infraestructura pluvial de obstáculos, y el arbolado público no se ha incrementado en el mismo ritmo que las obras hídricas.
En conclusión, los casos de Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia y Lamadrid demuestran que la recurrencia de los desastres no es una fatalidad de la naturaleza, sino el resultado de ciclos de gestión atrapados en la retórica de la emergencia. Otras experiencias permiten entender que el camino para romper este círculo vicioso es transformar la gestión hídrica en una auténtica política de estado, empezando por la planificación del territorio, y donde la planificación institucional, la transparencia en el uso de recursos y la normativa urbana precedan a la crisis. En última instancia, gestionar el riesgo implica aceptar que, si bien no podemos evitar que llueva, sí tenemos la capacidad política e institucional de decidir que un evento natural no vuelva a convertirse en una catástrofe.
[1] https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/elnino26_05_0.pdf
[2] La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) define un desastre como una grave alteración en el funcionamiento de una comunidad causada por eventos peligrosos que interactúan con exposición, vulnerabilidad y capacidades insuficientes, produciendo pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales que superan la capacidad de respuesta local. La geógrafa argentina Claudia Natenzon ha sido una referencia clave al plantear que el riesgo es una construcción social vinculada al modo en que las sociedades producen y ocupan el territorio, enfatizando que la vulnerabilidad incluye dimensiones sociales, políticas, institucionales y territoriales además de las económicas.
[3] A modo de ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires sobre las causas del desastre en Bahía Blanca definió que “No fue ni castigo bíblico ni película de terror, sino producto del cambio climático“
[4] https://www.ign.gob.ar/odc-14-Zambrana
[5] El canal Maldonado fue construido en la década del ´50 como aliviador del arroyo Napostá
[6] https://ada.gba.gov.ar/wp-content/uploads/2025/07/Informe_BahiaBlanca_Final.pdf
[7] Luego del evento en Bahía Blanca, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires realizó el llamado a: licitación para reconstruir el canal Maldonado, mientras avanza con el desarrollo de un plan hídrico integral: https://gba.gob.ar/recursoshidricos/noticias/la_provincia_inicia_la_licitaci%C3%B3n_de_la_reconstrucci%C3%B3n_del_canal_maldonado
[8] Entre 1991 y 2017 Comodoro tuvo una expansión urbana de 78%, sumando 2500 hectáreas a su territorio, mientras que la población creció 51%, teniendo una de las ocupaciones urbanas con mas baja densidad del país (37 habitantes por hectárea), y un alto consumo de suelo por habitantes, con su correspondiente ineficiencia y costo de infraestructura. (Fuente: MIOPyV (2019) El proceso de reconstrucción en la gestión integral de riesgo de desastres: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el_proceso_de_reconstruccion_en_la_gestion_integral_de_riesgo_de_desastres.pdf)
[9] La Ciudad no cuenta con un plan estratégico actualizado que sirva de referencia. Cuenta con un código de planeamiento sumamente desactualizado (ordenanza 3614 de 1990), superposición de normas, modificaciones, excepciones y enmiendas. Como requisito del comité de emergencia de 2017, se solicitó la elaboración de una nueva normativa clara y transparente. El gobierno nacional envió una propuesta al consejo deliberante local en 2018 (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo_urbano_comodoro_rivadavia.pdf), pero no tuvo aprobación ni propuesta superadora. El debate sobre esta normativa se reactivó luego del desastre del barrio sismográfica reciente.
[10] Numerosos estudios de la universidad nacional local (UNSJB), CONICET y demás organismos, alertaban sobre los riesgos de la modalidad de crecimiento urbano, frente a un medio natural con condicionantes que no se contemplaban en el desarrollo, documentando eventos históricos que podían repetirse. Estos estudios refieren tanto a riesgos hídricos como geológicos.
[11] Nótese que en esta conformación ya era evidente que la reconstrucción requería actores y acciones diferentes a las de la atención de la emergencia.
[12] El gobierno nacional se había comprometido con fondos, pero que no se iban a transferir de manera directa, sino que estaban asociados a los proyectos que la mesa consensuara. Muchos proyectos iniciaron su elaboración a partir de ello.
[13] Un testimonio habitual de los damnificados ante emergencias es que los responsables “aparecen” inmediatamente después de la emergencia, para repartir recursos y mostrarse activos, y desaparecen durante el resto del ciclo. La ventana de atención a los problemas se limita a la atención mediática (Cuando se van las cámaras, los políticos desaparecen). “Esto no pasó, sino que nos sigue pasando y lo tenemos presente todos los días. Cada vez que llueve, tememos que suceda otra vez”, exclamó una vecina de La Plata sobre la inundación de 2013 (https://tn.com.ar/sociedad/2023/04/02/a-10-anos-de-la-inundacion-de-la-plata-una-catastrofe-anunciada-y-el-temor-latente-de-que-vuelva-a-suceder)
[14] El primer plan de drenaje urbano fue realizado entre 1871 y 1910 (Radio antiguo y Ugarteche).
[15] El sistema de defensa costera y estaciones de bombeo de La Boca se completaron en 2001.
[16] Modelo Territorial de la Ciudad 2010-2060 incorporaba estos criterios. Las urbanizaciones mas recientes incorporan sistemas de drenaje urbano (Villa Olímpica, Distrito joven, Distrito de la innovación, Sastrería militar, calles verdes), asi como reservorios (Parque Sarmiento y Parque indoamericano)
[17] Definición taxativa de niveles de vulnerabilidad hídrica por parcela, premios para la captación de agua en edificaciones, y techos verdes son parte del Código Urbanístico y del Código de Edificación.
[18] Según información oficial, actualmente la infraestructura hídrica otorga seguridad a 82% de la población frente a eventos que tengan una recurrencia de 10 años, y con las obras en ejecución se llegará a 84%. Esto contempla un incremento estadístico de las precipitaciones de 11% en las últimas dos décadas.
